El 10 de diciembre está marcado en el calendario como una
fecha de especial significación. Ese día, pero de 1948, se dio a
conocer al mundo la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En Cuba, este tema ha sido prioritario cual manual de cabecera de la
Revolución y gran cuota de responsabilidad en la concreción de ese
desvelo le corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR). Ese
es el motivo de la conversación con el máximo representante de esa
importante institución cubana, el Fiscal General de la República Darío
Delgado Cura.
—¿Por qué es prioridad consagrada y desvelo político la protección de
los derechos humanos en Cuba? Y en este sentido, ¿cuánto marcó el 1ro.
de enero de 1959 la realidad ciudadana?
—La protección de los derechos humanos en Cuba está en la esencia
misma de la Revolución cubana y en el ideario de nuestro Héroe
Nacional, José Martí, quien dijo: “Yo quiero que la ley primera de
nuestra república sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del
hombre”.
“El ser humano en nuestro país está en el centro de atención del
Estado y el Gobierno. Toda la obra de la Revolución está impregnada de
profundo humanismo y preocupación porque a cada persona se le respeten
todos sus derechos. El pueblo es lo primero, por lo tanto, lograr para
él toda la justicia y amparo es decisivo.
“Fidel, en su histórico alegato de autodefensa La historia me
absolverá, que fue el programa revolucionario, definió lo que para él
significaba pueblo, anhelante de ‘una Patria mejor, más digna y más
justa (…) movido por ansias de justicia’.
“Cada vez que vamos a analizar, a evaluar, a repensar cómo en nuestro
país se protegen los derechos de los ciudadanos, se atienden a estos y
se salvaguarda lo que les resulta importante, siempre tenemos que
remitirnos a los orígenes de la Revolución. Son cuantiosos los
resultados después del 1ro. de enero de 1959, ante todo el empeño por el
cumplimiento del Programa del Moncada, y diferentes proyecciones a lo
largo de estos años.
“Pero de todo lo que se ha hecho, que es mucho, baste destacar al
menos tres grandes conquistas: el acceso universal a la educación, las
potencialidades del sistema de salud pública y la seguridad ciudadana. Y
lo decimos así, categóricamente, con toda responsabilidad, porque
conocemos otras realidades en el mundo”.
—¿Qué derechos garantizan las instituciones del Estado a los ciudadanos cubanos?
—Garantizan la realización de todos sus derechos humanos, desde los
más elementales o prioritarios, como son el derecho a la salud y la
educación.
“Desde la Constitución de la República se reconocen otros derechos
que tienen su materialización en diversas legislaciones especiales y en
la práctica, como el derecho al trabajo y al descanso remunerado, a la
participación, la seguridad y asistencia social, la educación física,
el deporte y la recreación sana, el derecho a la libertad de palabra
conforme a los fines de la sociedad socialista, así como los derechos de
reunión, manifestación y asociación.
“Además, se reconoce, respeta y garantiza la libertad de conciencia y
de religión. También el derecho a la inviolabilidad de la persona, de
la correspondencia y del domicilio, y el de queja o reclamación”.
—¿Cuáles son las potencialidades del sistema de protección de los
derechos humanos en Cuba y qué recursos legales amparan a sus ciudadanos
si estos sienten vulnerados tales derechos?
—Ese sistema tiene en Cuba la fortaleza de que está respaldado por el
Estado, lo que significa que es un objetivo y prioridad de este
garantizar el ejercicio efectivo de los derechos y garantías de todas
las personas. Ello asegura que, desde el ejercicio del poder, todas las
instituciones estatales tengan esa obligación, de lo cual deben rendir
cuentas.
“Ante violaciones de sus derechos en cualquier ámbito, las personas
tienen los recursos legales y procedimientos previstos que le facilitan
reclamar frente a las autoridades administrativas y judiciales, en
función de su restitución.
“El mencionado derecho de queja es una de esas garantías y es muy
utilizado por nuestros ciudadanos, quienes se dirigen por ese motivo
tanto a la Fiscalía como a las oficinas de Atención a la Población de
los diferentes organismos, en el Comité Central y en el Consejo de
Estado.
“En el caso de la FGR, la Constitución de la República en su
artículo 127 la distingue como: ‘el órgano del Estado encargado del
control y la preservación de la legalidad, sobre la base de la
vigilancia del estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y
demás disposiciones legales…’.
“Por esa razón, entre otros objetivos y funciones de la institución,
nuestra ley orgánica (Ley 83, del 11 de julio de 1997) prevé que debe
actuar ante violaciones de los derechos constitucionales y las garantías
legalmente establecidas, y frente a las infracciones de la legalidad
(…) exigiendo su restablecimiento, así como atender las reclamaciones
que presenten los ciudadanos sobre presuntas transgresiones de sus
derechos.
“Y dentro de las funciones fijadas en dicha ley, se regula que la
Fiscalía, a través del fiscal designado atiende, investiga y responde
las denuncias, quejas y reclamaciones que en el orden legal formulan
los ciudadanos. Con tales fines, se atiende a la población diariamente
en todas las instancias de la institución, ofreciéndole a la persona la
orientación que requiere o recibiendo por escrito la queja que pretende
se investigue, por considerar que se ha vulnerado su derecho.
“También establecimos una línea de teléfono directa para la
comunicación con los ciudadanos, canal que ha tenido gran aceptación y
concurrencia de llamadas”.
“A pesar de todo lo expuesto, aún se manifiestan indolencias, falta
de sensibilidad y morosidad en directivos, funcionarios y empleados,
que no escuchan, no atienden, no resuelven y no responden los
planteamientos y problemas de los ciudadanos, de los que hay múltiples
ejemplos que se publican en nuestros medios de prensa y en otros
espacios. En nuestra propia institución todavía falta para hacer las
cosas mejores, y para ello permanentemente nos encargamos de que la
sensibilidad y profesionalidad de nuestros fiscales le permitan cumplir
mejor sus misiones y preservar la confianza del pueblo en sus
instituciones”.
—¿De qué manera se garantizan los derechos de los menores cuyos padres han perdido su guarda y cuidado?
—En Cuba, un lugar especial es para las niñas, niños y adolescentes.
El Estado realiza todos los esfuerzos para garantizar el ejercicio
pleno de sus derechos, estén o no bajo la guarda y cuidado de sus
padres. En el caso de los menores de edad cuyos padres hayan sido
privados o suspendidos de la patria potestad, reciben la atención por
otro miembro de la familia que se determine por el tribunal municipal
popular competente, previa su designación como tutor, mediante el
procedimiento previsto a esos efectos, que es el de tutela, cuya
solicitud corresponde realizar al fiscal.
“En el caso de que un niño tenga que ser acogido por una institución
de asistencia social (círculos infantiles mixtos u hogares para niños
sin amparo familiar), se les considera tutores entonces a los directores
de esos centros.
“De hecho, existe una red nacional que incluye los dos tipos de
centros mencionados, que fue constituida mediante el Decreto-Ley No. 76,
en 1984, y está concebida para la protección de aquellos menores que,
por diferentes razones, han quedado sin el abrigo de su familia. Dicho
sistema se encuentra presente en todos los municipios y provincias.
“Este es un tema muy importante. Incluso tiene determinadas
regulaciones, como hasta qué edad puede estar un niño, adolescente o
joven, en estas instituciones de la red. Y se prevé, asimismo, la
familia sustituta que puede acoger a estos niños. Esto es un proceso
que requiere de investigación, para que la familia sustituta sea una
familia con cualidades ético morales, posibilidades, y demás requisitos,
todo un entramado que tenemos en el país de manera tal que el niño no
esté desprotegido.
“Hay toda una organización en el Estado de modo que esas unidades
están presupuestadas y reciben un dinero para ayudarlos, porque esos
niños y niñas, adolescentes y jóvenes también quieren y deben disfrutar
de la vida. El Estado y sus representantes se preocupan por ellos y
asumen ahí la función de madre y padre. No se deja indefenso y se trata
de que en su desarrollo y evolución, respecto a aquellos que sí tienen y
son atendidos por sus padres, no se sientan discriminados ni
disminuidos por no tener quienes puedan satisfacer sus intereses
materiales y espirituales. Y eso es a pesar de todas las limitaciones
económicas que tiene el país.
“Ahora bien, hay menores de edad que transgreden la ley, y no son
sujetos de delito porque no han alcanzado la edad penal (en Cuba es de
16 años), por tanto, hasta entonces ese menor no puede ser presentado a
un tribunal penal.
“Si transgreden la ley, hay un sistema, sobre todo para atenderlos y
reubicarlos. La inmensa mayoría de estos niños y adolescentes
transgresores provienen de familias disfuncionales y pudiéramos decir
que también han sido víctimas del abandono de los padres, entonces el
Estado ha tenido que ocuparse de ellos.
“Existe un sistema en la nación diseñado para ello, integrado por el
Consejo de Atención a Menores, que pertenece al Ministerio de
Educación, y otro (de igual nombre), atendido por el Ministerio del
Interior (Minint). Ambos están concebidos para cumplir sus funciones en
determinados momentos de la vida de ese niño, y cuentan con escuelas de
conducta, con régimen externo e interno, y escuelas de formación
integral, donde previo a su ingreso debe realizarse una evaluación de
psicólogos, pedagogos, especialistas y profesionales sobre lo que es más
conveniente para él.
“Como resultado de esa evaluación se decide a qué lugar va el menor y
por qué tiempo, pues en las escuelas de formación integral hay un tope,
un límite de edad. Lo mismo ocurre con los círculos infantiles mixtos y
los hogares de niños sin amparo familiar. En todo ello debe estar el
fiscal presente, obligado a supervisarlos y a controlarlos
sistemáticamente, exigiendo la protección de los derechos de ese menor
de edad”.
—Sobre la violencia de género (en todas sus dimensiones) como
problema social y violación de los derechos humanos… Dado el bajo índice
de denuncia en Cuba por parte de las mujeres y niñas víctimas,
¿considera que debe rediseñarse el enfoque de tratamiento en la cadena
de instituciones involucradas, cuando llegan a estas y se asume como un
problema “entre marido y mujer”, que no admite terceros?
—Institucionalmente, estatalmente, las mujeres y niñas están
protegidas. O sea, como política está concebido su diseño, el apoyo de
la FMC y de todas las instituciones en general del país, que tienen
conciencia y se ocupan del tema. Sin embargo, a nivel del ciudadano
esto no opera igual.
“Nosotros somos conocedores de una cifra, no significativa pero que
sí llama la atención, que es la denuncia que realiza la mujer por el
delito de amenaza, contra un hombre del que resulta víctima.
“Y en ocasiones esta amenaza va acompañada de violencia.
“Actos violentos que no solamente tienen que ser físicos. A veces nos
confundimos y pensamos que violencia es solamente la física. Está la
violencia física, esa que tiene expresión en la magulladura, la lesión,
que puede ser grave o leve. A veces los juristas, los operadores, la
Policía, decimos: ‘no, no es antijurídica la lesión. Y el Código Penal
dice…’ Y entonces entramos en tecnicismos y realmente no protegemos a la
mujer.
“Eso depende también de los territorios. Hasta esa idiosincrasia es
importante. No pocas veces la mujer es amenazada y es violentada. Y
sobre todo de manera humillante, agresiva desde el punto de vista
verbal, que es vejada y ofendida, o simplemente no es tenida en cuenta.
“En esto tenemos que trabajar mucho. Es un tema que, a mi modo de
ver, resulta una asignatura pendiente. El problema comienza incluso
desde el hogar, después sigue en la escuela, y después continúa en la
vida. Porque son muy pocos los casos donde la mujer violenta al hombre,
aunque los hay.
“Con aquellas cosas viejas de que la mujer es el sexo débil, que para
nosotros no lo es, pero realmente hay determinados estigmas sociales y
hay cierto machismo en la población, los cuales hay que seguir
combatiendo.
“Por ejemplo, la compañera Vilma es un paradigma de la defensa de
los derechos de la mujer. Cada vez que vayamos a hablar del tema, hay
que hablar de ella obligatoriamente. Todo lo que hizo. Un Código de
Familia que tiene Cuba, que es algo privilegiado, y que sin embargo ya
está para evaluar y revisar otra vez.
“Estamos trabajando en todos los temas legislativos que puedan
contribuir a ello. Pero las normas por sí solas no resuelven los
problemas, hay que seguir con una labor de educación desde el hogar con
los padres, luego en las escuelas, y después en todos los escenarios”.
—¿De qué derechos disponen los ciudadanos cubanos privados de libertad?
—El sistema penitenciario cubano se caracteriza por ser respetuoso de
los derechos de los internos, los cuales se consignan en la preceptiva
legal y reglamentaria, y tienen concreción práctica en la obra de la
Revolución, a pesar de las limitaciones materiales. Por lo que podemos
hablar de libertad, dignidad, no discriminación e igualdad.
“Entre sus derechos están: la aplicación imparcial de las normativas
existentes, el respeto a su integridad física, el derecho a visitas,
recibir permisos de salida al hogar, a ser conducidos a instalaciones
hospitalarias o funerarias en caso de enfermedad o fallecimiento de
algún familiar, a disponer de alimentos con el nivel calórico
establecido.
“Recibir asistencia médica, enseñanza general y capacitación con los
correspondientes certificados acreditativos, obtener rebaja de sanción
por año cumplido, debido a la buena conducta, y avanzar en régimen y que
se le proponga libertad anticipada cuando proceda, devienen otros de
los derechos contenidos en una amplia lista de garantías por parte del
Estado hacia el interno, donde no falta el reconocimiento de su
posibilidad legal de reclamar ante cualquier medida disciplinaria
impuesta, que se le ofrezca asistencia religiosa y la remuneración
económica por el trabajo realizado en el centro penitenciario donde se
encuentre.
“Vale reconocer, además, toda la atención especial que se les
concede a las internas a las que se les presenta el parto en un
establecimiento penitenciario, y las garantías para madre e hijo”.
—Se ha politizado mucho, desde campañas mediáticas en el extranjero,
acerca del tratamiento que se les da a los internos en nuestro sistema
penitenciario, esencialmente a cubanos autodenominados “disidentes” y a
los extranjeros sancionados…
—La Ley cubana es aplicable a todos, sea cubano o sea extranjero. Es
aplicable tanto para sancionar, como para proteger. Por tanto, los
extranjeros que están sancionados en Cuba son también objeto de la
protección de nuestro sistema penitenciario y de la Fiscalía. Transita
por la misma vía.
“Si algún extranjero dice que sus derechos han sido violentados por
el sistema penitenciario en Cuba, no es verdad. Ahora, usted no puede
vivir en una prisión, como vive en la calle, es obvio, pero los
extranjeros tienen en Cuba el mismo tratamiento que los cubanos,
incluso (…) a veces es hasta deferente. Hay incluso centros
penitenciarios que son para extranjeros nada más. Fíjate hasta dónde
llegamos, también los reglamentos.
“El extranjero en Cuba es considerado en la atención, porque como
sabemos, en la mayoría de los casos, la familia no radica en el país.
Reciben atención consular y, además, está previsto el traslado a su
nación de origen, en caso de cumplirse con los requisitos establecidos.
“Nos hemos encontrado casos de personas extranjeras que no han
querido ir a cumplir la sanción a su país. O sea, la embajada quiere, la
familia también, y él no. ¿Por qué será? Habría entonces que
replantearse por qué quieren quedarse en Cuba, a cumplir las sanciones y
no allí.
“En muchas partes del mundo las prisiones están en manos de los
presos, en Cuba no pasa eso. Aquí se escoge el Consejo Disciplinario, se
hace un Consejo de Familia, porque la familia interactúa en la
evolución del interno, de su conducta, de su reeducación. La familia
cubana participa en ello. Pero en Cuba no hay matonismo en la prisión,
hay internos de extrema violencia como en cualquier lugar, pero están
muy bien controlados.
“Por otro lado, a veces se dice que aquí hay presos políticos. No los
hay, y voy a explicar por qué. De los extranjeros que están sancionados
en Cuba (que es una cifra muy pequeña), hay una parte que es por
delitos comunes. Y existen otros, muy pocos, que están vinculados con
delitos de carácter no común, como son los terroristas, o alguno que
(pagado por una potencia) vino a Cuba a subvertir el orden político.
“Respecto a la mayoría de aquellos que se autotitulan disidentes, son
presos comunes que han sido atraídos por las organizaciones
contrarrevolucionarias, internas o externas, y reciben un pago directo o
indirecto. Pero no son presos de conciencia, porque si lo fueran,
actuarían de otra manera”.
—Y de cara al futuro, ¿qué desafíos tocan las puertas de la Fiscalía
en su misión-gestión de velar por que se respeten los derechos de cada
ciudadano?
—De cara a las transformaciones y desarrollo de nuestro país, existen
retos para todas las instituciones (…). Todos hemos ido avanzando, pero
tenemos que seguirnos replanteando estos temas. Se revisan un grupo de
normativas jurídicas, actualizándolas y proponiéndolas, y se irá
progresando gradualmente en ello. Pero hay un trabajo intenso, muy
serio, en materia legislativa para que el país pueda llegar a lo que
nos proponemos, en todas las materias.
“Cuba es un estandarte en muchos lugares del mundo. Nosotros
avanzamos en todos los aspectos esenciales, y eso que las limitaciones
materiales son muchas e importantes. Lo que tenemos que eliminar son las
subjetividades, aquellas sutilezas que a veces están presentes y que
nos afectan. Pero institucionalmente el país está preparado y se está
preparando mejor para resolver estos desafíos en los nuevos escenarios.
“El reto es inmenso, pues nos corresponde por mandato constitucional
controlar y procurar el respeto de la legalidad, que es equivalente a la
garantía del ejercicio pleno de los derechos por cada uno de nuestros
ciudadanos. Y ello, unido al esfuerzo por acercar, cada vez más, la
Fiscalía a nuestra gente”.
(Sheyla Delgado / Periódico Granma)
La Habana, 20 mar.- Cuba tenderá su mano franca ante la visita
oficial aquí del presidente estadounidense, Barack Obama, quien será
recibido con respeto y consideración, refiere hoy la prensa de la Isla
caribeña en sus principales espacios noticiosos.
